Un reciente estudio de la encuestadora colombiana Invamer revela 62% de los colombianos no está de acuerdo con que el Gobierno acoja a los venezolanos que ingresen a Colombia, difunde El Espectador. Además, el 69% tiene una opinión desfavorable de los que han llegado para quedarse.
De los cerca de 4,5 millones de personas que han huido de Venezuela, 1,4 millones fueron a Colombia.
Más allá de favorabilidades de mandatarios o exmandatarios, de la percepción ciudadana frente a instituciones o los principales problemas del país, o del mismo estado de ánimo de los colombianos, entre otros asuntos, la encuesta de Invamer revelada ayer revela una postura de país que resulta preocupante: la xenofobia hacia los venezolanos, que masivamente siguen llegando a nuestro territorio huyendo de la crisis política, económica y social del régimen de Nicolás Maduro.
Según la encuesta, el 62% de los consultados no está de acuerdo con que el Gobierno “acoja a los venezolanos que ingresen a Colombia dada la situación en Venezuela”, frente a un 35% que dice que sí. Pero además, el 69% tiene una opinión desfavorable de los venezolanos que han llegado para quedarse.
Estas cifras no hacen más que ratificar la alerta que elevó esta misma semana la ONU, cuando condenó las muestras de discriminación y xenofobia contra la población venezolana en Colombia, que es el primer receptor del éxodo migratorio. “Los actos de intolerancia contra ciudadanas y ciudadanos venezolanos van en contra del espíritu de solidaridad, acogida y respeto por los derechos fundamentales que miles de colombianos y colombianas han venido demostrando», indicó en un boletín el Equipo País de las Naciones Unidas.
A su vez, un estudio de Oxfam, organización no gubernamental, titulado “Sí, pero no aquí”, publicado en octubre, refería sobre la aparición de “narrativas antimigratorias” en Colombia, Perú y Ecuador contra los venezolanos. Por eso, la ONU hizo un llamado al “Estado colombiano, a la sociedad y a la comunidad internacional para promover el respeto por la diversidad y los derechos de todas las personas”.
Algunos analistas coinciden en señalar que la actual coyuntura que atraviesa el país, con un paro nacional que lleva ya 15 días, es uno de los motivos de este tipo de expresiones de rechazo, alimentadas en las redes sociales. Como se sabe, el 21 de noviembre en Cali y un día después en Bogotá, se presentaron una serie de hechos sobre actos de vandalismo e intentos de saqueos en contra de conjuntos residenciales, en horas de la noche, y a través de Twitter, Facebook y WhatsApp, se difundieron audios y videos que generaron zozobra, algunos con comentarios responsabilizando a ciudadanos venezolanos.
Esa estigmatización que hoy se presenta tendría que ver, igualmente, con el hecho de que, en el marco de las manifestaciones de protesta, 61 ciudadanos extranjeros han sido expulsados de Colombia, un peruano y 60 venezolanos, quienes no podrán volver al país en diez años, según Migración Colombia. Es claro que este hecho es visto por muchas personas como señal de que ellos son responsables de los desmanes durante las marchas e incluso hay quienes aseguran que son culpables del incremento de la inseguridad en muchas ciudades.
Sin embargo, en agosto, la Fundación Ideas para La Paz concluyó en un estudio que no había relación alguna entre la presencia de venezolanos y aumento de la criminalidad. Las estadísticas muestran que menos del 1% de la población carcelaria en Colombia tiene nacionalidad del vecino país. Como tampoco existe una relación entre la masiva presencia de venezolanos y el aumento del desempleo.
“La población venezolana que ha migrado a Colombia es heterogénea. Si no existe claridad sobre esa diversidad, también resulta equivocado establecer una relación entre criminalidad y migración. Las poblaciones que migraron a Colombia en las primeras dos olas deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo de una política pública de acogida que reduzca las vulnerabilidades de los migrantes. Los procesos de estigmatización encontrados en el análisis de prensa y en las encuestas de percepción en las ciudades, se convierten en uno de los puntos de riesgo frente a la población migrante. Un potencial incremento de la discriminación hacia esta población podría poner en riesgo las condiciones de victimización y aumentaría significativamente el número de víctimas”, concluye la Ideas para la Paz.
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