La más reciente encuesta Cadem difundida este domingo 22 de marzo revela un respaldo importante a las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast: 96% dice haberse enterado del lanzamiento del denominado “Plan Escudo Fronterizo” y del inicio de la construcción de una zanja en el límite con Perú.
De ese universo, 63% aprueba la medida, confirmando que el control territorial y la seguridad en la frontera se transformaron en uno de los ejes más visibles y políticamente rentables para el gobierno.
Pese a ello, la percepción crítica sobre la inmigración se mantiene alta: 62% cree que la llegada de inmigrantes a Chile es negativa para el país, aunque con una baja de dos puntos respecto de la medición anterior.
En paralelo, 77% estima que debería haber más restricciones migratorias que las actuales, también con una disminución de dos puntos. Aun así, las cifras reflejan que la demanda por un endurecimiento del control migratorio continúa siendo ampliamente mayoritaria.
La idea de cerrar completamente las fronteras concita respaldo en un 58% de los consultados, dos puntos más que antes. A ello se suma un consenso aún más transversal respecto de medidas punitivas y de fiscalización. 89% se manifiesta a favor de fiscalizar y eventualmente sancionar a los empleadores que contraten a extranjeros en situación irregular.
Un 87% apoya restringir los beneficios sociales a inmigrantes irregulares, mientras un 86%, con un alza de cinco puntos, está de acuerdo con expulsarlos del país. Además, 76% respalda que Chile cuente con una ley que establezca penas de cárcel para la inmigración ilegal.
No obstante, el estudio también revela que la ciudadanía distingue entre control y regularización en ciertos casos: 76% está de acuerdo con regularizar a personas que lleven más de diez años en Chile sin haber cometido delitos. Y 57% respalda regularizar a quienes puedan demostrar que tienen empleo formal y 43% se muestra favorable a regularizar a inmigrantes con hijos nacidos en territorio chileno. Esa combinación de apoyo a medidas duras y apertura a criterios excepcionales sugiere una opinión pública exigente con el orden, pero no completamente cerrada a soluciones integradoras bajo condiciones específicas.
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