El anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en respaldo a los resultados electorales avalados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó por sorpresa a muy pocos, la tarde de este jueves en Venezuela y el mundo.
José Ignacio Hernández, doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, estaba prevenido: “Jurídicamente, la decisión viola el orden público procesal”, sostiene en la red social X.
El que fuera procurador del gobierno interino de Juan Guaidó asegura que, en la práctica, solo se coloca más evidencia de la ilegitimidad del resultado electoral.
Esta decisión es resultado de la extralimitación de funciones de la Sala; de un juicio violatorio al debido proceso, y de una supuesta prueba de peritaje que es nula”, advierte.
Para Hernández, como estrategia, el principal interés de acudir a la Sala Electoral por parte de Nicolás Maduro y el resto de representantes de la coalición en el poder, era invocar el principio de no intervención y así tratar que Gobiernos extranjeros se vieran obligados a aceptar los resultados electorales al haber sido avalados por el TSJ. “Pero esta maniobra no prosperará”.
En su opinión, los abusos cometidos por la Sala Electoral son tan evidentes, que más bien generan el resultado contrario: “Ahora es más evidente que se acudió al TSJ pues no es posible comprobar, objetivamente, los resultados anunciados por el CNE”.
Además, Hernández añade que en lugar de publicar en Gaceta Electoral los resultados antes del 29 de agosto, se publicaría sería la sentencia de la Sala.
Esto solo hará más evidente la falta de transparencia. El proceso ante la Sala, violatorio del orden público procesal, ha generado mayor convicción en cuanto a la falsedad de los resultados que anunció el CNE. Esta decisión evidencia que la pequeña élite no está dispuesta a ceder y permitir la verificación imparcial de los resultados. Como resultado del abusivo proceso ante la Sala, el conflicto en Venezuela, lamentablemente, podrá escalar”.
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