José Tomás Vicuña, socio de Nómade Consultora y exdirector del Servicio Jesuita Migrante levantó la voz en favor de los migrantes venezolanos luego que la Embajada de Venezuela en Chile anunciara que suspendía indefinidamente todos los trámites para sus connacionales residentes en el país, y que, en paralelo, el Estado de Chile se vio obligado a retirar a su cuerpo diplomático de Venezuela.
“Las alertas se levantaron poniendo toda la atención en la frontera, pero no olvidemos que cerca de 700 mil personas venezolanas residen en Chile. El cierre del consulado tendrá efectos en la tramitación de sus documentos, junto con la sociedad y economía chilena”, recuerda Vicuña en el artículo Réplicas económicas de un quiebre diplomático, difundido por El Mostrador.
Vicuña explica que desde 2019 en adelante, la población venezolana es la principal comunidad extranjera en el mercado del trabajo. Ese año representaba el 30% de la fuerza laboral y el año pasado fue 47%, con cerca de 475 mil personas trabajando, sostiene.
Su tasa de ocupación, añade, sería cercana al 75%, estando dentro de las más altas de los colectivos extranjeros. “Un reciente estudio del Banco Mundial estimó que solo la migración venezolana contribuyó en 0,2 puntos porcentuales al crecimiento real del PIB, en promedio entre 2017 y 2023, y en 117 dólares al PIB per cápita”, agrega.
El especialista en el tema migratorio compara lo ocurrido con “hileras de fichas de dominó que caen una tras otra” y no poder renovar documentos repercute en irregularidad migratoria, desempleo, informalidad laboral, dificultad para arrendar vivienda, inclusión financiera y muchas aristas más. “Son las réplicas del terremoto que significa un quiebre de relaciones diplomáticas”, advierte.
Según Vicuña, en los últimos 4 años la tasa de ocupación informal de población extranjera ha crecido más de 10 puntos porcentuales.
“Históricamente se situaba bajo la chilena, pero hoy no solo está sobre ella, sino que también ha crecido en mayor magnitud. Estar irregular, en el caso de una persona extranjera, tendría réplicas en su vida, en el mercado laboral y en la economía del país. Favorecer su regularidad migratoria solo tendría impacto positivo en múltiples aristas, mientras que caer en la irregularidad solo conlleva costos”.
Y, en su opinión, el Estado chileno debe evaluar alternativas, como reconocer pasaportes con hasta 10 años de vigencia como lo hizo Estados Unidos recientemente, analizar la viabilidad de modificar los requisitos para la renovación de permisos de residencia (considerando que ya muchas tienen varios años en Chile, con familia chilena y arraigo en el país) y estudiar con gremios la posibilidad de certificar arraigo económico y/o familiar a quienes tienen antigüedad laboral.
Hay que contener las fronteras, ¡pero no olvidemos también que hay que contener la irregularidad de quienes ya residen en el país! A situaciones excepcionales, medidas excepcionales. La comunidad venezolana ya ha solicitado al Gobierno tener consideración para que los mensajes de rechazo a la dictadura se conviertan en acciones concretas con sus conciudadanos. Esperemos que, en bien de las personas y de la sociedad, se tomen medidas pertinentes que solo podrían provocar buenos resultados para el país”, concluye.
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