Este martes 26 de noviembre, la Organización Migrantas, el Colectivo Sin Fronteras y la Coordinadora 8M, tres organizaciones no gubernamentales que desde hace años velan por los derechos de los migrantes en Chile, hicieron una declaración pública para alertar sobre los graves retrocesos que implican la aprobación del proyecto de Ley misceláneo (Boletín N° 16.072-06) que modifica la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería en Chile.
“Criminalizan y excluyen a la población migrante”, se lee en el documento aprobado de manera unánime con 142 votos afirmativos y ninguna abstención o rechazo. A su vez, se votaron en particular 8 modificaciones y se aprobaron siete de éstas.
Aunque el discurso oficial del gobierno de Gabriel Boric se centra en la promesa de reformar la ley para supuestamente mejorarla, según las ONG’s, en la práctica, se implementan medidas que no solo son regresivas respecto a derechos ya garantizados, sino que también ponen en riesgo la integridad y la propia vida de las personas migrantes en el país, lo que dista del control de fronteras y la Seguridad del Estado.
La exclusión que esta reforma pretende generar no aporta en seguridad, y significa en cambio legalizar la desigualdad y la discriminación”, advierten.
Bajo la lupa, por renglón
- Barreras para el acceso a la salud y la educación para mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de refugio.
En salud, las personas migrantes en situación migratoria irregular enfrentan restricciones significativas, ya que no pueden acceder a atención en establecimientos de salud si no cuentan con el enrolamiento. En la educación, existe una falta de prioridad en la garantía del derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de refugio, lo que perpetúa su exclusión y vulnerabilidad en el ciclo migratorio.
- Expulsión de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Una de las medidas más alarmantes es la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes sean expulsados del país en casos en que su padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal sea sancionado con una medida de expulsión, siendo ordenado por el Tribunal de Familia.
- Barreras para el acceso a un techo u hogar.
Una medida profundamente alarmante es la sanción dirigida a quienes arrienden o subarrienden reiteradamente inmuebles a personas en situación migratoria irregular. Esto no solo agrava la vulnerabilidad de las personas, sino que afecta especialmente a grupos de especial protección, reforzando la precarización habitacional y empujando a las personas que ya viven en Chile a estar en situación de calle.
- Vulneración del debido proceso y obstáculos para la regularidad migratoria.
Establece causales desproporcionadas para rechazar o revocar permisos de residencia basadas en “incivilidades” que son faltas menores o incumplimientos administrativos, trivializa los procesos migratorios y afecta de manera desmedida a las personas. Además, la disposición que permite la expulsión de migrantes con causas pendientes por simples delitos, sin esperar la conclusión del proceso judicial, viola principios básicos como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
- Barreras en el acceso a la nacionalidad.
Las modificaciones propuestas endurecen drásticamente las normas para optar a la nacionalidad chilena, aumentando el período de residencia definitiva para poder postular a ella, imponiendo nuevas causales arbitrarias para el rechazo o cancelación de la nacionalidad, como incivilidades y simples delitos sin límite temporal, y añadiendo una prueba de conocimientos con contenidos definidos por múltiples ministerios. Además, se elimina la opción de nacionalización calificada para personas con vínculos familiares, limitando esta posibilidad únicamente a deportistas. Estas medidas restringen de manera alarmante el acceso a la nacionalidad, profundizando la exclusión y la desigualdad para la población migrante en Chile.
Reflexión final
Las ONG’s sostienen que estas medidas representan un grave retroceso que no solo profundiza la exclusión y precariza la vida de las personas migrantes, sino que también debilita el Estado de Derecho al imponer sanciones desproporcionadas, basadas en prejuicios y procedimientos sin garantías procesales.
Las barreras adicionales al acceso a la nacionalidad y a la regularización migratoria no solo perpetúan la discriminación, sino que impiden la inclusión armónica y plena de las personas migrantes en el país, negándonos el reconocimiento como parte de la sociedad chilena”, alertan.
Argumentan que las personas migrantes no tienen ventajas sobre las personas chilenas, como a menudo se pretende insinuar. “Lo que se produce es más bien, una más grave precarización de las condiciones de vida de las personas migrantes, por lo que la legislación y las políticas públicas deben implementar medidas positivas no punitivas que aborden las condiciones que generan esta precarización, principalmente para regularizar, favorecer la inclusión y la buena convivencia”.
Y cierran con una potente frase: “Promover la interculturalidad, el reconocimiento, respeto y la igualdad de derechos fortalece la democracia y la sociedad”.
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