En conjunto, la Organización Migrantas, la Corporación Colectivo Sin Fronteras, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP y la Red de Periodistas Migrantes, emitieron un comunicado público para alertar sobre la difícil situación de Karen G. M., de nacionalidad colombiana, madre de una niña chilena de 4 años con condición de autismo y que está siendo atendida por el sistema de salud en Chile.
Karen, quien ha vivido en Chile desde los 4 años y hoy tiene 23 años, fue detenida el pasado lunes 24 de septiembre por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
Las organizaciones que siguen su caso revelan que durante su infancia fue víctima de vulneración grave de derechos y por ello creció bajo la tutela del SENAME, asistiendo a un programa de reparación para víctimas de extrema vulneración de derechos (Explotación sexual comercial de NNA ESCNNA).
En ese crudo contexto, a los 19 años, y en medio de una disputa personal, cometió delito de robo con violencia y cumplió las medidas correspondientes.
Paralelo a diferentes hechos de violencia que marcaron su niñez, ella y su hija fueron víctimas de distintos episodios de violencia intrafamiliar (VIF), los que llevaron incluso a la pérdida de un embarazo producto de los golpes, a fines de 2023.
Si bien se ha suspendido temporalmente la expulsión de Karen, mientras tribunales de Familia resuelven distintas materias relacionadas con la protección de su hija, la medida de expulsión se encuentra vigente”, alertaron en el comunicado representantes de la Organización Migrantas, la Corporación Colectivo Sin Fronteras, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP y la Red de Periodistas Migrantes.
Advierten que ejecutar la expulsión de Karen no sólo vulneraría los derechos de ella como madre, sino también los derechos fundamentales de su hija, derechos protegidos por la normativa chilena, así como por tratados internacionales de derechos humanos.
“Las vulneraciones de derechos de la niña se darían al quedar sin el cuidado de su madre y expuesta a la tutela del padre, quien ha sido denunciado como agresor de violencia intrafamiliar. Con esta separación, se vulnerarían los principios de unidad familiar y el interés superior del niño. Además, se vulneraría el derecho a la salud y protección, ya que la niña tiene el principal vínculo de apego con su madre y requiere de la presencia de ella para su estabilidad emocional. Más grave aún es que a falta de su madre, podría generarse una expulsión indirecta de una niña chilena, ya que por su condición de salud podría ser expulsada junto con su madre o tendría que reunirse con ella en el más corto plazo”, alertan.
Las organizaciones detallan que, si bien el caso está en proceso de presentarse ante instancias internacionales como el Comité de Derechos del Niño, consideran que es URGENTE realizar las máximas gestiones necesarias que mandatan los compromisos del Estado chileno para con los derechos del niño, para cesar definitivamente el proceso de expulsión y la posible separación de madre e hija.
“Pedimos a todas las organizaciones de derechos humanos y a la ciudadanía en general que se sumen a este llamado para evitar una separación familiar injusta. ¡Garantizar los derechos humanos de todos los niños y las niñas!”, sentencian.
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