Vulnerables. El secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano en Chile, generó un sismo en la comunidad criolla asentada en este país por el incumplimiento de los tratados internacionales en materia de seguridad por parte de los organismos del Estado.
En este marco, y en medio de las investigaciones de la Policía de Investigaciones para esclarecer el brutal homicidio, directivos de la organización Espacio Migrante Chile, solicitaron ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, INDH, que se pueda velar por una mayor garantía del derecho a la seguridad y resguardo de ciudadanos venezolanos refugiados o en curso de este trámite, ya que deben ser considerados dentro de los tratados internacionales que el Estado debe cumplir.
Rodolfo Burgos, director ejecutivo de la organización, señaló la importancia de brindar protección y resguardo de los datos de personas en situación de refugio y solicitantes de este, haciendo seguimiento a que se cumpla cabalmente.
Aquí mucha gente llegó pidiendo seguridad del Estado chileno y esa tradición de resguardo que Chile siempre ha brindado no se debe poner en duda”.
Por su parte, el abogado Carlos Faria, miembro directivo, señala que los venezolanos en curso o calidad de refugio están en una situación de riesgo ya demostrado.
En este país hay ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, por eso invitamos al INDH para que sea garante en la preservación de los derechos de inmigrantes y refugiados, y que pueda ser veedor del cumplimiento de los procesos de esclarecimiento de los hechos como los ocurridos en días anteriores con el teniente (r) del Ejército venezolano”.
Por ello la directiva de Espacio Migrante en Chile entregó ante el instituto 7 puntos de urgencia y propuestas de promoción de los DDHH con actividades que puedan dar mayor visibilidad a la causa venezolana en Chile. “Para nosotros esto es prioridad y de vital importancia para que no se repitan situaciones que pongan en riesgo a la comunidad específicamente venezolana”, sostienen.
Ana Carolina Arriaga, jefa de la Unidad de Promoción y Participación del INDH fue la encargada de la recepción de la solicitud y petitorio con los puntos de urgencia mencionados por la organización, entre los que destaca la protección de datos personales y la celeridad en la resolución de situaciones migratorias.
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