Para Carolina Stefoni, académica de la Universidad de Tarapacá e investigadora asociada al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), las medidas y políticas migratorias de la frontera norte de Chile en los últimos meses han seguido la máxima del control a la irregularidad: “Esto es, reducir al máximo el ingreso de personas por pasos no habilitados, reconducir a aquellos que son sorprendidos en la ruta y expulsar a quienes se encuentren en condición irregular en cualquier lugar del país”, detalla.
En el artículo “Frontera norte de Chile: la deshumanización en el control migratorio”, publicado por El Mostrador, resalta que fue durante la pandemia que el ingreso irregular se incrementó a niveles nunca antes vistos, y que la razón de ello fue el cierre total de la frontera terrestre y la imposición de visas para ciertas nacionalidades, como fueron los casos venezolano y haitiano.
Stefoni explica que la imposibilidad de obtener esta visa, debido a cosas tan simples como no contar con un pasaporte emitido por sus respectivos países, llevó a que el ingreso irregular se transformara en la única opción para entrar a Chile.
La académica detalla que si bien las fronteras terrestres se encuentran actualmente abiertas, las extremas dificultades para obtener una visa –hoy requisito para todos quienes deseen migrar al país– llevan a que diariamente decenas de personas sigan utilizando las vías irregulares de ingreso.
La crisis económica, política y social por la que atraviesa Venezuela ha sido la causa de mayor éxodo del que tenga registro América Latina. Son más de siete millones de personas las que se han visto obligadas a salir de su país en busca de seguridad, trabajo y condiciones básicas para llevar adelante una vida digna. La ruta migratoria, sin embargo, se ha convertido en una experiencia que pone en riesgo este proyecto”, sostiene.
Redes de contrabando
De acuerdo con Stefoni, las políticas de control migratorio instrumentadas por distintos países de la región tienen como efecto directo el desarrollo de redes de contrabando de personas, bandas de coyotaje, robos, violencias y muertes. Estas condiciones, asegura, están presentes a lo largo de los caminos que deben recorrer los migrantes para ingresar a Chile.
Resalta que el cruce desde Bolivia a Chile es particularmente complejo, puesto que se suma la adversidad geográfica y climática, y recuerda que durante la pandemia, Chile implementó algunas medidas de carácter humanitario que buscaron aminorar las críticas condiciones físicas y emocionales de quienes llegaban al país.
En Colchane se instaló un dispositivo donde se entregaba algo de comida, agua, mantas y carpas donde dormir, mientras esperaban que la PDI tomara la autodenuncia, el Servicio Agrícola y Ganadero autorizara el paso de las mascotas, y el Servicio de Salud constatara las condiciones físicas de las personas. Luego se dispuso de buses de traslado hasta Iquique. Este apoyo permitió que hombres, mujeres, niños y adultos mayores pudieran tener un breve respiro después de haber enfrentado condiciones extremas en la ruta”, añade.
Sin embargo, la investigadora advierte que ese apoyo mínimo humanitario se terminó y agrega que la “justificación” para ello es que las políticas de control estarían siendo efectivas en disminuir los ingresos irregulares y que en este nuevo escenario el objetivo sería dar mayor fluidez a la circulación de estas personas para que lleguen a sus destinos en el territorio nacional.
La hemorragia sigue
A Stefoni le preocupa es que continúan ingresando diariamente decenas de personas en las mismas condiciones que se evidenciaron durante la pandemia, y en su opinión, la fluidez que se quiere alcanzar requiere de un diseño que efectivamente permita a las personas ingresar y completar los procedimientos establecidos de manera rápida.
Precisa que, al no contar con un dispositivo de ayuda humanitaria, las personas migrantes quedan en completo abandono, una vez más. Denuncia casos que incluyen infantes, que en la última semana permanecieron en el complejo más de 24 horas esperando ser atendidos para realizar la autodenuncia.
Solo los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños reciben una botella de agua y una barra de cereal, lo cual resulta absolutamente insuficiente para abordar el calor y las condiciones del altiplano durante todo un día”.
Lo peor es que los migrantes tampoco pueden salir del complejo para comprar algo de comida. Y así resulta inevitable que la desesperación y la angustia se apoderen de estas personas, quienes muchas veces son desplazadas y refugiadas.
Apunta a una cita de una migrante venezolana en la página de ACNUR para acentuar esta realidad: “Dejamos todo en Venezuela. No tenemos un lugar donde vivir o dormir y no tenemos nada para comer”.
Y sentencia:
El Estado no puede mirar para el lado y abandonar a seres humanos que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Más allá de las consideraciones legales de ingreso, se trata de hombres, mujeres, niños y niñas cuyas vidas están en riesgo, producto de una mirada criminalizante hacia la migración”.
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