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Uno de cada 4 migrantes irregulares empadronados en Chile tiene educación superior

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“El ser pobre no te hace criminal”. Esta frase, expresada por Braulio Jatar en un intenso debate con Marcelo Brunet, en Tevex Chile, tiene mucho más peso del que los medios chilenos le dan a los migrantes irregulares que llegaron a Chile entre marzo de 2018 y febrero de 2022 cuando, según datos de la PDI, ingresó el 66,4% de los extranjeros empadronados en 2023 por el gobierno.

Es bueno recordar que el proceso de registro que culminó en febrero de 2023 reveló que 182.119 personas que ingresaron a Chile por pasos no habilitados entregaron sus antecedentes. Y de ellos, como relevó una medición realizada por el Servicio Nacional de Migraciones, dirigido por Luis Thayer, casi un tercio tiene estudios superiores completos y prácticamente la totalidad emigró de su país por necesidades económicas.

Tal y como afirmó Thayer, tras la cuenta pública, no sólo se logró recabar información que no se tenía respecto de migrantes que se mantenían en situación irregular en territorio nacional, sino que también sus características, lo que -dijo- «es clave para tomar decisiones en materia de políticas públicas».

Es que, tras el término del proceso, también aplicaron una encuesta que permitió obtener nuevos detalles de la población empadronada. Del total de las personas que contestaron, un 25,8% tiene educación superior completa y el 19,9% la inició sin completarla. Un 35,7% terminó la educación secundaria y un 17,7% incompleta o menos.

En la temática «arraigo nacional», destaca que el 71,2% declara tener al menos un/a hijo/a, y el 13,3% expone que tiene un hijo menor de 18 años con nacionalidad chilena.»La mayoría de las personas (que se empadronó) tiene trabajo y arraigo familiar. Casi un tercio tiene estudios superiores completos y prácticamente la totalidad emigró de su país por necesidades económicas», difundió en junio La Tercera.

Otro dato relevante que graficó la medición aplicada a 2.567 de los migrantes durante la primera quincena de abril de 2024, es que dos tercios de ellos (66,4%) declaró haber ingresado a Chile entre marzo 2018 y febrero 2022. Solamente un 2,3%, conforme al sondeo, entró después de mayo de 2023.

La encuesta muestra que la gran mayoría de la población empadronada tiene trabajo y algún tipo de vínculo familiar, y que, por tanto, tiene la intención de permanecer en el país. También sabemos que la mayoría de estas personas ingresó antes de 2022, por lo que ya llevan varios años viviendo acá. El empadronamiento, además, nos permite distinguir entre aquellas personas que estuvieron dispuestas a acercarse al Estado para entregar su información de aquellas personas que quieren permanecer ocultas o no acercarse», sostuvo el director de Migraciones.

De acuerdo con los datos entregados por el servicio, el 42,9% de los encuestados tiene entre 30 y 44 años de edad, un 37,4% entre 18 a 29 años y el 18% tiene 45 años o más. El 90,1% nació en Venezuela, mientras que el 3,5% aseguró ser oriundo de Colombia.

Tras su arribo a Chile, más de la mitad de los consultados dijo residir en la Región Metropolitana (56,6%); el 17,5%, en otras regiones de la zona centro; el 13,3%, en el norte, y un 12,8%, en el sur.

De quienes responden la encuesta, además, un 85,7% declara tener un trabajo remunerado. De ellos, el 63,5% se desempeña como «empleado/a u obrero/a para un patrón, empresa o institución»; un 16,9%, como «trabajador/a de casa particular»; un 14,4% trabaja por cuenta propia y un 2,7%, para un negocio familiar.

Pero, aunque la mayoría declara estar «ocupado», la medición reflejó que sólo el 34% tiene un contrato escrito y que el 36,4% gana menos del sueldo mínimo. Un 46,6% gana entre $ 460.001 y $ 750.000; un 5,6%, entre $ 750.000 y $1 millón, mientras que un 1,1% gana sobre el millón. El 10,3%, eso sí, prefiere no contestar.

¿Por qué decidieron empadronarse? A la pregunta, el 91,9% de los encuestados señaló como principal motivación para inscribirse en el proceso «el poder residir de manera legal en Chile». Aquello, en todo caso, aún está en duda, pues a la fecha el gobierno no ha anunciado procesos de regularización.

Fuente: La Tercera- Pulso

 

 

 

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