De acuerdo a un comunicado de prensa de la organización Latino Justice PRLDEF, que representa a los demandantes, la eliminación de los derechos de ciudadanía para los hijos de padres indocumentados los dejaría “en situación de apatridia y los discriminaría por la ascendencia o nacionalidad de sus padres, lo que infringe la cláusula de igualdad de protección de la Constitución”.
La migrante venezolana nombrada como J.V. en la demanda, llegó a Estados Unidos en 2023. Su TPS expira en abril de 2025. Sin embargo, su hijo nacerá en junio. Si la orden presidencial entra en vigor, este bebé no tendría derecho a la ciudadanía. Además, dado que no hay consulado de Venezuela en Estados Unidos, J.V. tampoco podría registrar a su hijo como ciudadano venezolano. Esto dejaría al niño sin nacionalidad alguna.
La demanda advierte que, si la prohibición de la ciudadanía por nacimiento entra en vigor, forzará a los niños nacidos en Estados Unidos “a vivir en las sombras de la sociedad, sin los beneficios y oportunidades de la ciudadanía”.
De acuerdo a los demandantes, los efectos serían:
- Riesgo de deportación al quedar en condición de apatridia.
- Pérdida de identidad como estadounidenses.
- Negación de acceso a documentos legales esenciales como pasaportes estadounidenses y tarjetas de seguro social.
- Privación de atención médica, nutrición y educación infantil temprana, beneficios fundamentales para su desarrollo y bienestar.
Por su parte, Lourdes Rosado, presidenta y asesora general de LatinoJustice PRLDEF, declaró:
Incluso antes de asumir el cargo, el presidente ha creído erróneamente que tiene el poder absoluto para decidir quién puede ser ciudadano estadounidense”.
En tanto, consideró que el decreto del republicano “no solo es inconstitucional y cruel, sino también inmoral”. Y concluyó: “La definición de la ciudadanía está claramente establecida en nuestra Constitución y ha sido una cuestión de ley firme durante 127 años. No puede ser simplemente eliminada por un individuo, ni siquiera por el presidente”.
El posible impacto del decreto
Según los datos de Latino Justice, se estima que cada año nacen unos 250 mil niños de padres indocumentados. Además, la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es latina (72%), por lo que “este grupo se vería afectado desproporcionadamente por la prohibición”.
Este litigio se suma a las demandas realizadas por más de 20 estados y a las tres suspensiones del decreto por distintos jueces federales. La primera fue en Seattle, la segunda en Maryland y la tercera en New Hampshire. Por el momento, el Departamento de Justicia solamente apeló a la orden de bloqueo inicial. Además, el decreto de Trump tiene una fecha de vigencia programada a partir del 19 de febrero.
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