Una madre fue asesinada. Una abuela. Una mujer migrante. Y no fue cualquier día: fue domingo 15 de junio de 2025. Día del Padre. Día de familia. Día de encuentro.
Pero en Cerro Navia, una población chilena, ese día se tiñó de sangre. Yaidy Garnica Carvajalino, venezolana de 43 años, cayó abatida de un escopetazo tras una discusión que venía cargada de tensiones, de gritos, de prejuicios, de miedo… y de odio.
Algunos dirán que fue un conflicto por ruido. Pero las cámaras muestran otra cosa: «¡Vayan a escuchar música a su país, venezolanas c…!» gritaron antes del ataque. Una turba de vecinos avanzando con objetos en mano, con agresividad en el cuerpo. No fue un incidente aislado. No fue una pelea entre iguales.
Fue una ejecución simbólica de una extranjería incómoda. Un crimen donde la escopeta no solo disparó plomo, sino rabia acumulada. Donde los perdigones que mataron a Yaidy venían cargados de xenofobia.
La evidencia que no se puede negar
Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, tras una discusión con vecinos por el volumen de la música, que rápidamente escaló a insultos xenofóbicos y agresiones físicas. Pese a que la familia había accedido a bajar el nivel de ruido, imágenes que registraron la escena muestran que varios individuos llegaron al domicilio con elementos contundentes para agredir a quienes estaban en el domicilio.
El agresor ha sido identificado como Miguel Sergio Cordero Toledo, ciudadano chileno que expresó frases degradantes contra los venezolanos poco antes de ejecutar el atroz acto. Se encuentra actualmente en prisión preventiva en el CDP Santiago 1.
Los abogados de la familia, Rodrigo Sepúlveda y Elda Gómez de la firma TC Abogados, han sido contundentes: «Se trataría de un homicidio con una circunstancia grave, que es la premeditación», explica el abogado penal. En esa circunstancia las penas tienen un margen que va de 15 años un día hasta la cadena perpetua.
Un contexto que no es casualidad
El 82% de la población de Chile considera excesiva la cantidad de inmigrantes, ya que han aumentado vertiginosamente durante las últimas tres décadas, al pasar de 1.3% en 2002, a 4.4% en 2017 y alrededor de 7.5% en 2021 del total de la población nacional.
Más alarmante aún: según encuestas realizadas a la ciudadanía chilena en 2025, los venezolanos se transformaron en los inmigrantes que más «distancia social y prejuicio» generan en los chilenos. El 70,2% tiene una percepción negativa de venezolanos, lo que aumentó en 30 puntos desde 2019.
La construcción social, racista y discriminatoria de la persona migrante como criminal y peligro para el Estado, la economía y las costumbres chilenas, se ha construido constantemente, sin cotejo de datos y anulando la voz migrante, como una forma de impulsar un Estado penal.
La realidad versus los prejuicios
Los datos contrastan brutalmente con la percepción. Según el estudio de la OIM, el 79% de la población migrante venezolana se encuentra trabajando. Un 51,2% de las personas venezolanas cuenta con niveles educativos superiores a la educación media chilena. Su aporte a la recaudación de impuestos asciende al 1,03% de lo recaudado a nivel nacional.
Cerca de 9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. Chile es el quinto país de acogida en América del Sur con alrededor de 444.000 nacionales de Venezuela.
Sin embargo, la construcción mediática de que constituyen un «peligro» se alimenta de una agenda política que manipula la emoción del miedo en la sociedad, porque pocas personas tienen la facultad, el tiempo y las habilidades de distinguir entre sesgos informativos, falsas noticias y simplificaciones.
La respuesta que se exige
El asesinato de Yaidy Garnica Carvajalino generó una fuerte reacción entre organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos en Chile. Activistas y líderes comunitarios denunciaron que se trató de un crimen con motivaciones xenofóbicas.
Para el 19 de junio se convocó una velatón a las 19:00 horas en la Catedral Metropolitana de Santiago, ubicada frente a la Plaza de Armas, «en memoria y por justicia por Yaidy Gárnica Carvajalino».
El silencio que también mata
Y eso es lo que más duele: que no la mató solo un arma, la mató un clima. El clima que se siembra cuando se criminaliza al migrante, cuando se caricaturiza al extranjero, cuando se calla ante la violencia cotidiana que muchos ya normalizan.
Martin Luther King dijo que quizás lo más doloroso no es la violencia de unos pocos, sino el silencio de muchos. Y hoy, ese silencio pesa.
Porque no basta con lamentar su muerte. Hay que condenar con fuerza el contexto que la hizo posible.
Hay que decir con claridad: Yaidy no murió por unos parlantes. Murió porque la diferencia molesta. Murió porque ser mujer, migrante y pobre la puso en la mira del desprecio.
Una sociedad en el espejo
Yaidy Garnica Carvajalino era madre de 43 años y abuela de 4 niños. En sus redes sociales había escrito: «Me voy a dedicar a construir el mejor año de mi vida». Su sueño se truncó frente a sus hijas, que vieron cómo la vida de su madre se apagaba por el odio de quienes no pudieron ver en ella otra cosa que una amenaza.
La grave crisis de seguridad que atraviesa Chile en los últimos años ha hecho que, en los discursos mediáticos, se vincule a migrantes venezolanos con crímenes especialmente violentos. Aunque son un porcentaje mínimo de la población, y similar al porcentaje de chilenos que cometen delitos, se genera una sonora estigmatización con visos de xenofobia.
Los elementos del suceso podrían construir un crimen de odio, que señala es desencadenado indirectamente por actores políticos, medios de comunicación y ciudadanos que crean una atmósfera de hostilidad contra migrantes venezolanos.
Hoy, su muerte nos desafía. Nos pregunta quiénes somos como sociedad. Nos interpela a actuar antes de que otra Yaidy, otro niño, otra familia, pague el precio de la indiferencia.
Que su nombre no se pierda en las estadísticas. Que su historia no se archive como un «hecho policial más».
Yaidy no murió sola: la mató un entorno que sigue sin reconocerse en el otro.
Y mientras eso no cambie, todos estamos en peligro.
Texto: Braulio Jatar / Abogado y editor de medios
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