La liberación de Juan Pablo Guanipa, tras nueve meses de prisión por conciencia, duró lo que tarda una dictadura en quitarse la careta.
Salió de la cárcel y, a las pocas horas, fue nuevamente privado de su libertad por un grupo armado, sin identificación, en un operativo que no puede describirse con otro nombre que no sea secuestro. Lo ocurrido no es un error administrativo ni una confusión legal: es la confirmación brutal de que en Venezuela la libertad es una ficción cuidadosamente escenificada por el poder.
El régimen intenta vender la idea de que hay gestos de apertura, excarcelaciones, incluso una supuesta normalización política. Pero lo que vive Guanipa revela la verdad desnuda: los presos políticos no son liberados, son apenas desplazados de una forma de cautiverio a otra. Salen bajo amenaza, bajo silencio forzado, bajo vigilancia permanente. No pueden hablar, no pueden actuar, no pueden respirar políticamente. ¿Qué clase de libertad es esa? Ninguna. Es una patraña, una pantalla para engañar a la comunidad internacional y desactivar presiones externas.
Cuando un dirigente opositor es interceptado por hombres armados, vestidos de civil, en pleno espacio urbano, y el Estado luego intenta justificar el hecho con un lenguaje burocrático y ambiguo, estamos frente a un secuestro con aval político. No importa el eufemismo legal que se use después. No importa si se habla de “revocatoria de medidas” o de “incumplimiento de condiciones” jamás explicadas. La esencia del acto es clara: se usa la violencia y el miedo para disciplinar a la disidencia.
El caso de Guanipa es especialmente grave porque no se trata de un actor marginal. Es una figura central del equipo político de María Corina Machado y un símbolo de una oposición que no ha sido domesticada. Su secuestro envía un mensaje inequívoco: nadie está a salvo, ni siquiera cuando el propio régimen finge liberarlo. Es una advertencia dirigida tanto a la dirigencia opositora como a la sociedad venezolana en su conjunto: aquí manda el miedo, no la ley.
Lo que está ocurriendo en Venezuela es la consolidación de un modelo perverso de control político. El régimen ya no necesita cárceles abarrotadas para ejercer represión masiva; le basta con administrar la incertidumbre. Libera hoy para secuestrar mañana. Concede para arrebatar. Permite hablar un segundo para castigar el resto de la vida. Así se construye un clima donde nadie sabe cuáles son las reglas porque, en realidad, no existen reglas, solo la voluntad arbitraria del poder.
Hablar de “transición” en este contexto es una burla. No hay transición posible cuando los aparatos represivos —formales o paraestatales— siguen operando con total impunidad. No hay transición cuando los colectivos armados funcionan como extensión del Estado, haciendo el trabajo sucio que luego nadie asume oficialmente. No hay transición cuando la justicia es un instrumento de castigo político y no un garante de derechos.
La excarcelación condicionada, silenciosa y reversible no es un avance democrático, es una forma sofisticada de tortura psicológica. Se le dice al preso político: estás fuera, pero no eres libre; caminas, pero sigues preso; existes, pero bajo permiso. Esa es la lógica autoritaria llevada a su máxima expresión: controlar no solo el cuerpo, sino la voluntad y la palabra.
Lo de Juan Pablo Guanipa desnuda también la fragilidad moral del régimen. Un poder que necesita secuestrar a un adversario recién liberado es un poder que sabe que no tiene legitimidad. Un poder que actúa así no busca gobernar, busca sobrevivir. Y para sobrevivir está dispuesto a destruir cualquier noción de legalidad, humanidad o decencia.
Venezuela vive hoy bajo un sistema donde la libertad es provisional y la represión es permanente. Donde la cárcel puede estar dentro o fuera de los muros. Donde el secuestro se disfraza de procedimiento y la violencia se normaliza como método de gobierno. Ante eso no caben matices ni lenguaje diplomático. Lo que ocurre debe llamarse por su nombre: terrorismo de Estado de baja intensidad, aplicado de forma selectiva pero constante.
Mientras un solo venezolano sea liberado para luego ser secuestrado, nadie es libre en Venezuela. Y mientras el régimen pretenda vender estas prácticas como normalidad institucional, la denuncia debe ser firme, clara y sin concesiones. Porque aceptar la mentira de esta falsa libertad es convertirse, por omisión, en cómplice de la barbarie.
Comentarios