Autor: Abogado Daniel Atencio
La democracia en América Latina ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su historia, muchos de los cuales han sido exacerbados por la intervención o la inacción de las potencias mundiales. En este contexto, Venezuela emerge como un caso emblemático que pone de manifiesto la fragilidad de las instituciones democráticas frente a intereses geopolíticos y económicos.
La crisis política en Venezuela, cuya data es de aproximadamente 25 años y que se intensificó tras las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, refleja no solo un conflicto interno, sino también la compleja interacción entre actores internacionales que, en lugar de promover la estabilidad y la democracia, pueden estar contribuyendo a su deterioro.
El proceso electoral en Venezuela se llevó a cabo en un entorno de profunda desconfianza, con graves denuncias de fraude, la expulsión de observadores internacionales los días antes de la elección y una notable falta de transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), más la negativa del régimen de Nicolás Maduro a presentar las actas que validen los resultados ha suscitado preocupación tanto dentro como fuera del país.
María Corina Machado, una de las principales líderes de la oposición, ha jugado un papel crucial en la denuncia de todas las irregularidades, movilizando a amplios sectores de la población a volcarse a las calles a ejercer su derecho a la manifestación y haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no reconozca los resultados fraudulentos y ponga presión sobre el régimen.
La reacción de la comunidad internacional ante esta crisis ha sido variada, lo que refleja las diferentes prioridades y estrategias de las potencias mundiales. Mientras algunos países han expresado su preocupación por la situación en Venezuela, sus acciones han sido limitadas y, en muchos casos, ambiguas.
Esta falta de una respuesta contundente no solo perpetúa la crisis en Venezuela, sino que también pone en peligro la estabilidad democrática en otros países de la región que podrían enfrentar situaciones similares.
Por otro lado, el apoyo de potencias como Rusia y China al régimen de Maduro refuerza la percepción de que los principios democráticos pueden ser sacrificados en aras de intereses geopolíticos y económicos. Estos países han defendido la soberanía de Venezuela, pero su respaldo al régimen autoritario de Maduro plantea serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos y la democracia. Este apoyo, más que fortalecer la soberanía de Venezuela, contribuye a consolidar un régimen que ha violado sistemáticamente los derechos de su pueblo.
La inacción o el apoyo tácito de la comunidad internacional a regímenes autoritarios como el de Maduro no solo perpetúa la crisis en Venezuela, sino que también envía un mensaje peligroso a otros líderes de la región que podrían estar tentados a seguir un camino similar, ejemplo de esto es la nula reacción de la OEA, donde falló la emisión de la resolución que solicitaba al régimen la publicación inmediata de las actas correspondientes a la elección.
Si las potencias mundiales permiten que esta situación continúe, estarán sentando un precedente que podría tener graves consecuencias para la democracia en toda América Latina.
Es esencial que las potencias mundiales adopten una postura firme y coherente en defensa de la democracia, no solo en Venezuela, sino en toda la región. La incapacidad de abordar este desafío con la seriedad que merece podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad política y la paz en América Latina. La historia juzgará severamente a quienes, por acción u omisión, permitieron que la democracia fuera sacrificada en el altar de la geopolítica y la corrupción.
Frente a esto resulta importante la consideración de políticas de estado en materias diplomáticas, para que exista un consenso claro e irrestricto al respeto de las garantías democráticas y los derechos humanos, esto a nivel regional, ya que el propósito de establecer mínimos comunes entre las democracias latinoamericanas permitiría tener acciones claras y consecuentes con la realidad local y el respeto de la voluntad popular de los países. Ejemplo de esto es la respuesta tibia de países como Colombia, México, Brasil que se han sentido perjudicados por las decisiones del régimen, pero en el momento de tomar decisiones y emitir posturas claras y consecuentes con el acto histórico no lo realizan.
Venezuela se encuentra en un punto de inflexión crítico que no solo determinará su futuro democrático, sino también el de toda América Latina.
La lucha liderada por María Corina Machado y la oposición venezolana es fundamental para la restauración de la legitimidad democrática en el país. Sin embargo, es innegable que el papel de las potencias mundiales será decisivo en el desenlace de esta crisis.
Un enfoque internacional que coloque los principios democráticos por encima de los intereses geopolíticos es imperativo para evitar que la crisis en Venezuela se convierta en el precursor de un retroceso democrático más amplio en la región. Si la comunidad internacional permite que esta situación persista sin una intervención adecuada, las consecuencias podrían ser catastróficas, no solo para Venezuela, sino para la estabilidad y la integridad democrática de América Latina.
La historia juzgará con severidad a quienes, por acción u omisión, permitieron que los valores democráticos fueran sacrificados en el altar de la geopolítica. Además, la inacción frente a esta crisis podría desencadenar una crisis migratoria sin precedentes, forzando a millones de venezolanos a buscar refugio en otras naciones, lo que podría generar tensiones sociales y económicas a escala global. La pregunta que queda es: ¿Está el mundo preparado para afrontar las consecuencias humanitarias y políticas de una nueva migración masiva? La respuesta a esta crisis, o la falta de ella, tendrá repercusiones profundas que la historia no olvidará.
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