El próximo 16 de noviembre se celebrarán en Chile elecciones presidenciales y parlamentarias, que por primera vez serán obligatorias para todo su padrón electoral, que asciende a 15.618.167 votantes, de los cuales el 5,7% son migrantes, es decir, 885.590 electores. La mayoría de los votantes extranjeros en el país son de nacionalidad venezolana (26,8%), peruana (21,9%), colombiana (11,7%), haitiana (10,2%) y boliviana (8,6%).
En este proceso electoral, predominan las narrativas antimigratorias en un contexto de polarización social en el que se criminaliza la migración forzada que ha llegado al país en los últimos años, principalmente de venezolanos, configurando un discurso que rechaza la participación de las personas migrantes en la comunidad política nacional. Todo ello se basa en una relación causal entre migración e inseguridad que carece de fundamento científico.
Esto ocurre a pesar de que Chile es uno de los cinco países del mundo que otorga derecho al sufragio en todos los procesos electorales a las personas migrantes, y de que en 2022 entró en vigor la nueva Ley de Migración y Extranjería chilena (Ley 21.325), sustentada en un enfoque de derechos.
Por tanto, el caso chileno, considerado un referente institucional en la facilitación de los derechos políticos de la población migrante, y con una nueva ley migratoria ajustada a los estándares internacionales de protección a las personas en movilidad, se convierte en un caso paradójico, ya que conviven una normativa que favorece los derechos y una práctica política xenófoba.
En cuanto al proceso electoral, este discurso antimigrante se observa claramente en las propuestas sobre migración contenidas en los programas de gobierno de los candidatos de la oposición chilena (Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser) y, en menor medida, en las propuestas de la candidata del sector oficialista, Jannette Jara.
En conjunto, los cuatro candidatos presidenciales (de un total de ocho), según diversas encuestas chilenas, concentran más
del 75% de las preferencias electorales, con una alta probabilidad de que la candidata oficialista pase a la segunda vuelta junto a uno de los candidatos de la oposición.
En el bloque opositor, se propone avanzar hacia una política migratoria basada en el cierre y control de las fronteras mediante la creación de policías fronterizas, una mayor participación de las fuerzas armadas, la instalación de barreras físicas y tecnológicas para impedir la entrada al país y la creación de centros de detención para la posterior expulsión de personas en situación irregular.
También existe un amplio acuerdo entre los actores políticos chilenos para tipificar la entrada clandestina al país como un delito y limitar (o incluso denegar) las prestaciones sociales a
migrantes en situación de irregularidad.
En las propuestas de los candidatos no se han incorporado los diagnósticos aportados por la academia, las organizaciones sociales y los organismos internacionales, que advierten especialmente sobre tres cuestiones en esta materia en Chile.
La primera es la necesidad de regularizar a un importante grupo de personas en situación de desplazamiento forzoso que, aunque se encuentran en situación irregular, están trabajando mayoritariamente y no tienen antecedentes
penales en sus países de origen.
Según el Instituto Nacional de Estadística de Chile, este grupo representa un mínimo de 334.000 personas. En segundo lugar, se destaca la urgencia de fomentar procesos de integración sociolaboral para la población migrante que se encuentra regular en el país y que es invisible para la política pública. Es importante señalar que en Chile el 9% de la población total es migrante, en su mayoría (51%) son mujeres.
La tercera cuestión es combatir los discursos que fomentan mensajes de odio y conductas discriminatorias y xenófobas, ya que debilitan la cohesión social de la sociedad chilena y fomentan un populismo electoral.
Cabe destacar que el uso político de la migración en la propaganda electoral no es un hecho nuevo en Chile. De hecho, un estudio titulado “estrategias desinformativas sobre la migración en Chile”, realizado en 2023, constató que las noticias falsas sobre este tema aumentaban en periodos electorales y que un porcentaje importante de ellas se generaban desde los propios actores políticos.
Esta situación, unida a la ausencia de un debate político basado en datos académicas, ha contribuido a que actualmente exista en la sociedad chilena una percepción negativa hacia las personas extranjeras. Así lo evidencia, por ejemplo, la encuesta Omnibus de agosto de 2025, que reveló que el 68% de los chilenos considera que la migración es un problema, el 49% teme que un migrante le robe y el 90% opina que las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en el país son “demasiado tolerantes”.
Con todo, el caso chileno invita a una reflexión regional sobre la urgencia de combatir cualquier forma de populismo electoral, ya que a largo plazo conlleva más crisis de confianza en las instituciones, una mayor atomización social y altos niveles de conflictividad.
La inclusión de la población migrante, además de ser necesaria, contribuye al fortalecimiento de las democracias
latinoamericanas y a la cohesión social.
Autora: Neida Colmenares Investigadora en migraciones y políticas públicas del Centro de Investigaciones Socio jurídicas, Criminológicas y Éticas (CISCE) de la Universidad Central de Chile.
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