Una investigación publicada por Catalina Albert y Benjamín Miranda, del Centro de Información e Investigación Periodística, detalla las alzas en luz, agua, Garantías Explícitas de Salud (GES), Metro, TAG, arriendos y contribuciones.
Raúl Semprún – CronicasDeChile.com
Antes del pasado 18 de octubre, en los chilenos se percibía un poderoso aire que combinaba nostalgia y rabia contenida. Quienes viven en Chile se remiten a esa empinada angustia de los fines de cada mes, cuando la administración de los gastos era sometida a un asfixiante sacudón de realidad.
Por eso al menos un millón doscientos mil de ellos salieron a la calle el pasado viernes 25, sostienen en un informe Catalina Albert y Benjamín Miranda, del Centro de Información e Investigación Periodística (Ciper) de Chile.
“El cóctel que detonó el estallido de octubre tiene varios ingredientes: que lo que ganan no les alcanza para pagar por bienes y servicios de primera necesidad (alimentos, salud, vivienda, transporte y servicios básicos); que los sueldos están estancados y una parte importante de los trabajadores tiene empleos considerados precarios; que la mayoría de los jubilados recibe pensiones que los condenan a la pobreza; y que son muchos los hogares que se han endeudado para poder cumplir con sus obligaciones, a través de tarjetas de crédito que los exponen a múltiples abusos”, se lee en el documento.
Para los investigadores, los anuncios del gobierno de Sebastián Piñera, que apuntan a la anulación de las últimas alzas de la tarifa del Metro de Santiago y la energía eléctrica, además de la congelación del TAG, el aumento del sueldo mínimo a 350.000 pesos y el alza del 20% de las pensiones más bajas, son rechazados por la calle por insuficientes. “Lo que exige son soluciones permanentes y no parches”, argumentan.
Según ambos, el “tren de alzas que terminó de asfixiar a los chilenos” comenzó su recorrido en abril de 2018 hasta descarrilarse en octubre de 2019. Así deglosan los incrementos:
En abril del año pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció un aumento de las contribuciones de un 30% en promedio, aplicable en tres años.
En enero pasado, se anunció un incremento de 6,4% en las tarifas del TAG.
En mayo las cuentas de la luz anotaron un alza de un 10,5% promedio.
En septiembre, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) subieron un 50%, en promedio, la prima GES (mientras Fonasa sólo lo hizo en un 3%).
A inicios de octubre la luz volvió a subir otro 9,2% promedio.
Y el último vagón del tren de alzas fue el incremento del transporte público en 30 pesos.
Esta fue la chispa que terminó con el tren fuera de las vías: los estudiantes secundarios se organizaron y llamaron a saltarse en masa los torniquetes del Metro, bajo la consigna “evade como Piñera”.
Albert y Miranda, agregan que todos se dieron en un marco en el que el 50% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 400.000 pesos mensuales, según las cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en agosto pasado.
“La misma institución informó que el desempleo en el último trimestre (julio-septiembre de 2019) alcanzó un 7% y la tasa de ocupación informal un 28,5%. El Banco Central determinó, en su informe de cuentas nacionales de 2018, que el endeudamiento de los hogares llegó a un máximo histórico de un 73,3% en relación al ingreso disponible”, sumó.
No dan las cuentas
El informe de los periodistas da cuenta que uno de los factores que más afecta la calidad de vida de los chilenos es el alto precio de la vivienda.
“Una búsqueda rápida en el sitio de anuncios inmobiliarios TocToc arroja, por ejemplo, que el departamento más barato que podría encontrar en Santiago centro (dos dormitorios con baño, 38 mts2), sale en 270.000 pesos mensuales, además de otros 50.000 en gastos comunes. En San Miguel es parecido: dos dormitorios, un baño, por 285.000 pesos (48 mts2, no hay información sobre gastos comunes). Lo mismo ocurre en Estación Central, Independencia, Recoleta, Ñuñoa y Providencia”.
A esas cuentas agregan que Chile tiene un déficit de 500 mil viviendas (más que las que faltaban en 1998): es decir, medio millón de familias viven de allegadas, o hacinadas, o en campamentos, o en la calle.
Las matemáticas no dan oxígeno a los chilenos.
En el país austral, precisa el documento, hay libertad de precios, que son fijados por el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda, sin intervención del Estado. “Esto es así, salvo para los servicios básicos que están regulados y las concesiones estatales, cuyas tarifas fueron establecidas por contrato o son determinadas por ‘paneles de expertos’. Hasta ahora esos cálculos solo consideran factores económicos, sin incluir el efecto que producen en la calidad de vida de los usuarios”, destacan los comunicadores.
Destacan que, por ejemplo, con la última alza del pasaje del Metro: un “panel de expertos” consideró –según reseñó El Mercurio– “la variación del precio del petróleo diésel, el IPC, el incremento del costo de la mano de obra, la tasa de cambio, entre otros”.
“Un tercio de las personas de los grupos de ingresos más bajos usa un 30% de su presupuesto en transporte. Eso es una barbaridad”, les explicó Luis Valenzuela, académico. Pero nadie pensó que era importante considerar en el cálculo el factor que expone este investigador del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social (COES).
El incremento del precio del pasaje, aunque solo fue de 30 pesos, tuvo un enorme impacto en el sector más vulnerable de la población.
En el documento del Ciper, Diego Pardow, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, sostiene que se subestimó el efecto de la medida en una sociedad empobrecida: “No los deja en la quiebra, pero sí con una sensación de vulnerabilidad que se acrecienta con otras alzas. Se entiende que este aumento fue un disparador, pero esto ya se veía venir. Hay estudios que desde hace tiempo vienen hablando de la desigualdad en Chile y sus efectos”.
Cincuenta y cinco de cada 100 chilenos gana salario mínimo y Manuel Antonio Garretón sociólogo, politólogo y ensayista chileno, resalta al diario Río Negro que ningún estallido social es previsible, pero queda claro que hay una percepción en el colectivo de abuso por casos de corrupción y evasiones de empresarios. “Es un clima que algunos sociólogos llaman una ‘ventana de oportunidad’, en el marco de un gobierno de derecha que ganó una elección donde votó menos del 50% del electorado”.
Para Garretón el tema del transporte, del pasaje y su influencia en el gasto familiar es muy crucial en la sociedad urbana actual. “Resume muchos descontentos de la vida cotidiana: los malos trabajos, los bajos salarios. Es un catalizador que produce un efecto bola de nieve sobre otras demandas que estaban de trasfondo, de sensación de abuso y una enorme desigualdad”.
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