Douglas Pereira Medina
CNP 24.860
El oasis latinoamericano, al que los países vecinos miran con cierta envidia. Esa nación que tiene un modelo económico de libre mercado, con índices de crecimiento sostenido y una infraestructura de primer mundo.
Un país dormitaba, pero algo pasó. Despertó de su letargo. El malestar acumulado por 30 años hizo que el volcán social erupcionara por un aumento de 30 $ en el pasaje del metro.
Y realmente no fueron los 30 $ de aumento en el pasaje, fueron los 30 años de desarrollo económico que paradójicamente tiene a gran parte de la población en una espiral de sobreviviencia.
Los estudiantes encendieron la mecha. Fueron los primeros en reaccionar, en hacerse sentir. Jóvenes indignados por un sistema que favorece a los privilegiados a costa de los más necesitados.
Es así como se inició una escalada de protestas aquel 18 de octubre, llenando calles y avenidas de las diferentes ciudades, en especial de Santiago y toda la Región Metropolitana.
Y a los estudiantes se unieron trabajadores, jubilados, amas de casa, emprendedores, artistas y una cantidad de personas de todos los ámbitos del quehacer chileno que convergieron en un estallido social sin precedentes.
Y ahora se sumaba visiblemente como causa a esta convulsión las pensiones, el sistema de salud, la educación, el CAE, las viviendas, los TAG’s, el precio de los servicios básicos, y un sinnúmero de demandas.
El estallido se hizo sentir. Barricadas, saqueos, incendio de buses y estaciones de metro, destrucción de paraderos, semáforos, cámaras de videovigilancia, destrucción de comercios y pare de contar.
El gobierno decretó Estado de Emergencia y con ella un cuestionado y temeroso Toque de Queda. También dijo: “estamos en guerra”. La oposición y el colectivo ciudadano riposto: “No estamos en guerra”.
Aún así, los militares salieron de sus cuarteles. Volvió el fantasma de la dictadura militar, no obstante las calles seguían activas, llenas de la muchedumbre reclamando.
No hubo esquina sin presencia de ciudadanos expresando su descontento, caceroleando, bloqueando con barricadas el libre tránsito para unos, el derecho a vivir y trabajar para otros.
Una semana después se realizó La Marcha más Grande de Chile, una manifestación autoconvocada a través de las redes sociales por la misma gente, una cita de la ciudadanía para la ciudadanía, sin partidos políticos protagonizando la conducción de la misma. Fue considerada como la más concurrida en la historia republicana reciente.
Un millón doscientos mil personas fueron contabilizadas en el epicentro de la marcha, la Plaza de Italia (renombrada popularmente como la Plaza de la Dignidad), en Santiago. Otras trescientos mil se diseminaron a lo largo de Chile.
El gobierno vió la marcha, supo reconocer que fue oídos sordos al verdadero sentir del chileno, a sus anhelos y esperanzas de una mejor vida. El presidente reconoció que no supo hacer una correcta lectura de la situación que estalló en su cara (el establecimiento político tampoco lo detectó) e inmediatamente anunció la Nueva Agenda Social y dio fin progresivamente al Estado de Emergencia.
Aunque no logró llenar las expectativas. La gente siguió movilizada.
Se perdieron vidas humanas. 20 a la fecha. Se incrementó el descontento, ahora por los muertos y por si fuera poco, Carabineros de Chile, cuya función es proteger y mantener el orden público, entró en el ojo del huracán tras varios “abusos” por parte de algunos de sus funcionarios.
El gobierno evaluó los escenarios minuto a minuto para tomar decisiones. La oposición por su parte presionó para imponer su agenda, la de una nueva constitución.
Piñera convocó al Consejo de Seguridad Nacional. Los ánimos de las personas se caldearon y parecía que no había forma de calmar la efervescencia del conglomerado ciudadano.
Una semana más de protestas. Nuevamente el gobierno se la jugó y su presidente Sebastián Piñera luego de una reunión de último minuto con su equipo de Interior se preparó para tomar una nueva gran decisión.
Ante la ola de violencia desatada era obvio y casi seguro que Piñera decretaría un nuevo Estado de Emergencia. Para sorpresa de todos sacó un as debajo de la manga por la que nadie apostaba.
Fue así como el 12 de noviembre, Piñera convocó a todos los actores políticos, los de su coalición oficialista y a los de la oposición, a tres acuerdos: por la paz social, por la justicia y por una nueva constitución y así detener la violencia.
En la madrugada del viernes 15 de noviembre, los ojos de los chilenos fueron testigos de un inédito, valioso y gran acuerdo entre todos los factores políticos denominado “Por la paz y la Nueva Constitución”.
Ahora Chile se alista para ir a un proceso constituyente, con plesbicito de entrada, elección de constituyentistas y plesbicito de salida.
Con esto el gobierno volvió a marcar la pauta y su agenda política pero es el pueblo el que espera ansiosamente por la nueva Carta Magna, esa que según al colectivo, viene a resolver todos los problemas causados por la Constitución de 1980.
Lo cierto del caso, es que este nuevo texto que se va a desarrollar será el primer pacto social chileno discutido en democracia.
Los días por venir traerán consigo capitulos interesantes que están aún por escribirse, ojalá sean capitulos de paz, de concordia y de cordura política.
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