El presidente chileno no logra sacudirse del impacto de grupos violentos que destruyen la infraestructura urbana de la capital y alimentan el caos.
Raúl Semprún – Foto: Odailys Luque
La sombra de la anarquía arropa a Chile y lo hace en las propias narices del cuestionado gobierno de Sebastián Piñera que, pese a la ejecución sistemática -y tardía, según expertos- de un paquete de medidas para dar respuesta al karma social, y a una esperada purga en su equipo ministerial, luce sin capacidad de respuestas frente a los activistas de la destrucción y el caos.
El perfume de Piñera es de debilidad.
Su accionar en 11 días de protestas ha sido lento y torpe y de acuerdo con la encuesta Cadem, difundida el fin de semana, tiene un respaldo de 14% a su gestión, la cifra más baja que haya registrado un jefe de Estado desde 1990. El 78% de la población lo rechaza. Su incapacidad para contrarrestar a factores que impulsan la violencia resplandece.
Manuel Antonio Garretón explica que desde hace tiempo resulta un elemento común en las movilizaciones el registro de hechos violentos protagonizados por sectores que inicialmente forman parte del universo que se moviliza, pero que luego se radicalizan, se segmentan y constituyen grupos separados, con finalidades propias y sectores vandálicos o delictuales.
“Cometen la torpeza de decir que estamos en guerra contra sectores organizados, pero sin ninguna precisión ni prueba”, afirma en entrevista con la revista argentina Río Negro.
El sociólogo chileno considera que la inteligencia policial en este campo ha sido muy mala. “Nunca han podido identificarlos ni menos neutralizarlos. Algún nivel de organización debe haber, porque se queman estaciones de metro en forma simultánea, pero no existen antecedentes ni pruebas”, sostiene.
La noche del lunes, en rueda de prensa, Karla Rubilar, secretaria de Gobierno, debutaba en el cargo deplorando los ataques incendiarios en las estaciones de Baquedano y Santa Lucía, en Santiago Centro. En el mismo hecho un centro comercial, ubicado a cuatro cuadras de la sede de la Presidencia y un edificio residencial de 19 pisos ardieron, presuntamente por explosivos usados en enfrentamientos entre la policía y manifestantes.
En su alocución Rubilar destacó la identificación de una especie de célula de radicales pro-guerrilla urbana detrás de los eventos violentos.
“Lo que estamos viendo hoy día en el centro de Santiago no es la gente que quiere justicia social, no es la gente que quiere un Chile mejor, gente que quiere destrucción y caos”, aseguraba, al tiempo que garantizaba la ejecución de trabajos de inteligencia sobre este grupo.
Este martes, Carabineros arreció la represión de manera preventiva en los alrededores de La Moneda. Entre la población que mantiene sus exigencias bajo el manto de la civilidad, sin embargo, crece el temor.
“Hay una doble preocupación o miedo para la gente que se moviliza por razones absolutamente justificables y que ve alterada su vida cotidiana por una doble razón: por un lado los hechos de violencia o delictivos” y por otro el despliegue policial o militar del Gobierno.
Desde tempranas horas comenzaron a circular a través de mensajes de whatsapp una tarjeta de invitación para una protesta que no augura balance positivo: “Ahora sabrán quién manda aquí y nadie conocerá tu identidad. Gran marcha nacional la purga al gobierno. Lugar: La Moneda. Fecha: Jueves 31”, se ve en la imagen que destaca la figura de un encapuchado con aspecto lúgubre.
¿Qué hará el Presidente para neutralizarla?
Decretar estado de emergencia no parece ser una opción. La salida de miles de militares a las calles, en un país todavía traumatizado por la experiencia de la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet ya le jugó en contra. Debe hilar fino, pero con la certeza de que la mayoría de quienes adversan a su gobierno, aun en contra de este tipo de manifestaciones, no le perdonarán excesos policiales ni militares.
Garretón afirma que es importante que haya una restitución del orden público, pero si esto no va acompañado de reformas sociales que impliquen cambiar el modelo y reformas institucionales, los disturbios se podrán sofocar ahora, pero momentáneamente. “Con el sector delincuencial y violento no se puede dialogar. Es con los sectores sociales que se movilizan con los cuales hay que resolver el problema”, insiste.
Alta radicalidad
Mauro Basaure y Alfredo Joignant, del Centro de Investigación Periodística (Ciper) de Chile, se remiten al documento “La protesta Social en América Latina”, realizado por el PNUD (2012), para tratar de explicar el fenómeno de la violencia actual.
Ese estudio mostró que en los países más desiguales y con menor capacidad institucional para procesar conflictos, hay más protestas sociales en las que se ven involucradas la violencia y enfrentamientos.
¿Por qué tanta radicalización? Según el referido estudio, mientras más bajo el apoyo al régimen institucional, más conflictos llegarán a niveles de enfrentamiento violento. Por ello se concluye que la baja capacidad de procesamiento institucional del conflicto y, a cambio de ello, una cultura de baja tolerancia y mayor represión frente a la protesta, la que contribuye a que los conflictos escalen en sus grados de violencia.
Los investigadores destacan que desde el 2011 en Chile se fortaleció enormemente la capacidad de movilización de los actores sociales, aunque ello de modo extra-institucional. El balance es representativo. El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, confirma que en el marco de las protestas, que cumplen este martes 12 días, se imputaron a 997 personas por destrozos, incendios, saqueos o enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Basaure y Joignant no precisan las razones a nivel micro de este aumento de la capacidad de movilización, pero sí reconocen evidencias de lo macro: Detrás de toda protesta hay organización y lo que la teoría de la movilización de recursos llama una “infraestructura” (desde el barrio al grupo de amigos hasta el centro de alumnos, para citar tan solo tres ejemplos de esta infraestructura), a lo cual se suma el efecto de coordinación instantánea por parte de las redes sociales.
En 11 días de manifestaciones van 19 muertes registradas, 1.000 personas heridas en hospitales, 100 acciones judiciales y casi 3.300 personas detenidas. Aún con este parte, después de una brutal represión por parte de las fuerzas militares que salieron a las calles luego de la declaración del Estado de Emergencia, el presidente Piñera no logra controlar la situación y los autores resaltan elementos distintivos en la explosión social de este octubre de “furia social”, es decir, no todo es continuidad con los hechos de protestas anteriores.
“En primer lugar, la magnitud de la explosión (y aquí la metáfora vale) dejó sin efecto y efectividad los normales aparatos represivos del Estado, al punto que, durante las primeras horas del estallido de la protesta del viernes 18 de octubre, Chile experimentó una situación tan fascinante como elocuente; a saber, la literal desaparición del Estado”, refieren los periodistas.
En segundo lugar, añaden, el mes de octubre 2019 se parece más a las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia en sus primeros episodios y a Brasil 2013, que a los movimientos estudiantiles y No+AFP, en el sentido de que no hay un actor o actores que representen demandas, ni demandas bien definidas y estructuradas.
“A diferencia de estos movimientos, por otro lado, la línea divisoria que separaba formas legítimas o no violentas de la protesta y formas no legítimas o violentas ha sido mucho más borrosa que otras ocasiones, al punto que solo el saqueo y el pillaje es calificado como ilegítimo, pero no así otras formas de violencia contra la propiedad pública y privada”.
Con estos antecedentes y después de la explosión social de estos días, no cabe mucha duda de que Chile ocupa ese casillero originalmente vacío de “alta conflictividad” y “alta radicalización”, se lee en el estudio.
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